Parece mentira que en estos días se haya montado un verdadero espectáculo a resultas de las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Seamos sinceros. Desde el mismo momento en que el Gobernador de Banco de España es nombrado por el poder ejecutivo, no podemos pensar que dicho Organismo es absolutamente independiente de dicho poder. Pero tampoco hemos de pensar que ese hecho ha de impedir a la persona que ocupa dicho cargo llevar a cabo las funciones que le han sido legalmente asignadas.

Cada poder del Estado debe de tener clara su posición. El Gobernador de Banco de España sólo ha hecho un comentario acerca de la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, poniendo de manifiesto lo que algunos estudiosos de la materia advierten desde hace tiempo: la crisis del modelo de reparto que puede desencadenarse en el futuro, dadas las peculiares condiciones de la economía y demografía española. Y la necesidad que ello conlleva, que no es otra que el cambio del sistema de reparto por otro de capitalización. Este hecho no se circunscribe sólo a nuestra economía, pero como ciudadanos de este país debiéramos preocuparnos por ello.

El problema ha surgido porque una cosa son los intereses políticos y otros los intereses del Estado. Parece una aparente contradicción, puesto que sería aconsejable que los primeros debieran velar por los segundos. Sin embargo, el ávido lector advertirá lo inocente de dicha posición. En un contexto de crisis, con el desempleo desbocado, puesta en duda la capacidad del Estado para cumplir con las prestaciones por desempleo y con nulos síntomas de recuperación por el momento, la declaración no ha sido hecha en el momento más oportuno. Pero ello no le resta un ápice de criterio al razonamiento expuesto.

El Banco de España, entre sus muchas funciones, se configura como un centro de estudios económicos de alto nivel, que ha de preocuparse por el devenir de las cuentas nacionales y alertar de las anomalías del sistema bancario y económico. Por tanto, pensar que esas declaraciones han sido hechas sin fundamento y con datos erróneos es como pensar que un mecánico desconoce cómo arranca un coche. Puede no saber todas las piezas exactas del último modelo salido de fábrica, pero se dedica a eso. Tiene el know-how suficiente como para apreciar y valorar la situación sin cometer un error de bulto. Si a eso le unimos que el Banco de España participa en comisiones y grupos de trabajo internacionales, debemos concluir que saben de lo que hablan.

El inoportuno momento ha hecho que la nueva Ministra de Economía, Elena Salgado, y el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, hayan salido raudos y veloces a desmentir dichos datos y a tranquilizar a los pensionistas, importante masa demográfica a la hora de votar. Hasta donde yo conozco, nadie se ha alarmado con las declaraciones del Gobernador. Y esto es así por varias razones. La primera, porque es un tema que se habla desde hace ya varios años. Segundo porque todo el mundo entendió esas declaraciones como un toque de atención futuro, no como un problema inmediato que debiera hacer alarmarse al contribuyente. Y tercero, porque el ciudadano medio está más preocupado de no perder su empleo y de pagar su hipoteca que la "presunta" pensión que percibirá dentro de unos cuantos años. Dadas como están las cosas, hay problemas más acuciantes de los que preocuparse a corto y medio plazo.

Dicho esto, sí es necesario replantearse el sistema de pensiones. No porque su viabilidad esté en duda, porque para ello hace falta mucho más que un simple análisis demográfico de trabajadores/pensionistas. Debemos pensar en que, cuanto más se tarde el paso hacia un sistema de capitalización, más nos costará la transición. Hemos de darnos cuenta de que nos hemos de preocupar por las futuras generaciones del país, hemos de evitar lastrar su futuro y comprometer las posibilidades tanto económicas como del bienestar de los futuros conciudadanos. Hay que evitar, cuando todavía se está a tiempo, que la deuda que se genere a resultas de esta crisis se transmita de padres a hijos, de abuelos a nietos.

Si existe un consenso unánime entre la población que es una "bestialidad" hipotecarse a 50 años, traspasándole así a los hijos un "hermoso" regalo en forma de hipoteca, ¿por qué no tomamos conciencia de lo mismo como país? En un contexto de una población cada vez más envejecida, con más prestaciones sociales que conforman un derecho adquirido, estamos a tiempo. Ojala no cambiemos demasiado tarde. Todos remamos en la misma dirección, creo yo.