Hace unos días el Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, hablaba de la contención salarial que debía reinar para los empleados públicos. Y hoy es noticia que los sindicatos empiezan a moverse, para mejorar las contribuciones y que no haya ningún tipo de congelación de salarios, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo.

Y es que en los tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón. En un Estado como el español, la carga que suponen los salarios de los funcionarios no es cosa menor, ya que son más de 2.500.000 funcionarios los que hay en España. Acuérdense de mediados de los años noventa, con la congelación salarial de sus sueldos para paliar las crisis económicas que acontecieron por aquellos años.

Ser funcionario público tiene indudables ventajas y algún que otro inconveniente. Uno de ellos es que la posibilidad de negociar o renegociar su sueldo es menor que el que se pudiera dar en una empresa privada, puesto que la remuneración está asociada a su rango dentro de la Administración y no se puede modificar, si no es en base a los complementos establecidos, como pudieran ser por destino. De otra parte, cuando el Estado sufre, son los primeros en ver congeladas sus partidas. Y como su trabajo es bastante estable, son los primeros en notar las no subidas del IPC.

Los políticos pecan a veces de ignorancia, soberbia, incontinencia verbal... lo que dijo Solbes lo han dicho mucho ministros de Economía antes que él. Y no será el último que lo dice. El problema es que se juntan varios factores que hacen que el momento sea totalmente inadecuado. El primero es el momento de crisis y agitación que estamos viviendo. Sólo le faltaba al Gobierno que los funcionarios de la Administración General del Estado les hiciera un paro general. De otro punto, es inadecuado cuando cada año los señores diputados se suben el sueldo por encima del IPC previsto.

Centremos nuestro análisis en los puestos de la Administración de más alto nivel y comparemos. Alguien que prepare una oposición como Inspector de Hacienda puede cobrar, de entrada, unos 42.000 euros brutos. Ha dedicado a la preparación de la misma 2 o 3 años (podemos reconocer aquí el concepto de coste de oportunidad) y habrá accedido en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Tendrá una jornada laboral "normal" dentro de lo que es el ámbito de la AGE. 

Ahora miremos a sus señorías. Dependiendo de las funciones que tengan dentro de la Cámara y de su partido, su salario puede oscilar en los 3.000 y 6.000 euros (invito al lector a leer este post de Escolar.net llamado "¿Cuánto gana un diputado?" - Algo viejo pero que ejemplifica bien el tema) Por otra parte, acuden a trabajar 2-3 días a la semana y no es obligatoria su presencia en el Congreso, salvo en casos excepcionales. Y para colmo, algunos de ellos accederá, como consejeros y ayudantes de alto nivel, a puestos vetados a funcionarios de carrera, siendo mejor retribuidos que dichos funcionarios.

¿Y hablamos de contener los sueldos de personas que han accedido por sus propios méritos? La moderación no sólo debe ser salarial, debe ser a la hora de expresar opiniones. Así evitamos problemas.