En la Comunidad de Madrid los agentes de policía nacional se hacen eco de las restricciones que sufren sobre balas, papeles para formular denuncias o fotocopias y carburante para los vehículos que patrullan las calles de la ciudad.

La Comunidad de Madrid es la cuarta comunidad con más delitos tras Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, siendo 30.960, 23.087 y 16.049 delitos respectivamente durante el año 2006, según datos del INE. Madrid soporta 14.713 delitos cada año, siendo 4.639 contra la seguridad colectiva. Supone más de un 31% de los delitos acaecidos en Madrid.

Según fuentes de la Dirección General de Policía, se niega la existencia de una orden que restrinja materiales de oficina y reparaciones de vehículos policiales, además del carburante necesario para las patrullas callejeras.

La otra voz de la noticia, el portavoz del sindicato policial CEP, Lorenzo Nebreda, sustenta que la orden existe. “Volvemos a los noventa, cuando había que patrullar a pie por falta de dinero para gasolina”, añade. También afirma que parte de las armas reglamentarias son muy antiguas y no se cambian, sino que se mandan a reparar.

Según el Plan Nacional de Tiro, los policías deben de tener prácticas regulares cada tres meses para no perder prácticas que puedan resultar de extrema diligencia en un altercado en mitad de una calle.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Miguel Ángel Fernández aseguró al periódico Metro que “lo peor de esto es que ocurre mientras el Gobierno se gasta 12.000 euros en publicitar la policía en la Feria de Muestras de Asturias, y tres millones más en la comisaría de la Expo que no abrirá nunca”. Y subraya que las órdenes de ahorro “existen, vaya si existen”. “Mira, en Julio llegó una orden de Jefatura de Madrid que hablaba de insuficiencia presupuestaria; días después, en Valencia, dan la orden de reducir el gasto de folios un 70% por el mismo motivo, y en Sevilla, a primeros de Agosto, piden por escrito que patrullemos menos, sobre todo de noche, para reducir el gasto de carburante”, indicó.

El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaraba en la nueva promoción de policías en Marzo de este año que: “… nuestro compromiso no acaba aquí. Vamos a seguir incrementando la presencia de policías y guardias civiles en esta Comunidad, a dotarlos de más y mejores medios técnicos para desempeñar su trabajo y a fortalecer la coordinación entre los distintos cuerpos. Estoy seguro de que esta fórmula, sencilla pero tremendamente eficaz, nos va a dar buenos resultados en materia de seguridad en la Comunidad de Madrid durante los próximos años.”

Según afirmaciones de los cuerpos implicados, la ayuda prometida por el Gobierno no sólo no llega, sino que sufren recortes de los materiales más básicos para desempeñar sus funciones.

Ayer mismo la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha indicado tras las tres muertes violentas acaecidas este fin de semana en la capital, que Madrid necesita más recursos para luchar contra la violencia que azota a nuestra comunidad. Los niveles de criminalidad están siendo insostenibles para una ciudad de vanguardia como Madrid. Por ello, ha pedido al ejecutivo más presupuesto para tener más agentes en las calles y que los ciudadanos de Madrid puedan pasear seguros por sus calles.

La Comunidad de Madrid ha invertido 7,7 millones de euros en seguridad y tiene previsto invertir otros 35 millones de euros en la siguiente década. Pero no son suficientes, teniendo en cuenta el elevado índice de delincuencia.

Los gastos en Seguridad Pública han aumentado considerablemente desde la entrada del nuevo Gobierno, pasando del 0,49% del PIB en 2004, al 0,60% del PIB en 2007. El aumento de la delincuencia entre 2005-2006 superó el 10%, siendo inferior el aumento del gasto destinado al mismo, 5,45% según datos del Ministerio del Interior.

Si las ampliaciones en gastos para el territorio nacional suben menos del doble que lo hacen los delitos, es difícil corregir o limitar los efectos que la delincuencia produce en la seguridad ciudadana.

En tiempos de crisis donde la sociedad es más proclive a practicar actos de vandalismo, una reducción sólo podría poner en tela de juicio al ciudadano medio que sólo pretende llegar sano y salvo a casa tras su jornada laboral. Si los delincuentes oyen que faltan balas o policías por imposibilidad de patrullas motorizadas, dicha debilidad puede ser el germen de nuevas revueltas sociales que aumenten los casos o delitos contra la seguridad de los viandantes.

Menos mítines, menos acuerdos o expos y más mano dura, que la crisis azota para todos y más para los espabilados de pistola en mano.