La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha celebrado su II Jornada Anual, un evento que aspira a convertirse en uno de los referentes en el mundo de la defensa de la competencia en nuestro país. Para ello ha contado con la presencia y las intervenciones de personas destacadas dentro de las instituciones españolas y europeas encargadas de la defensa pública de la competencia.

El acto fue inaugurado conjuntamente por Pedro Solbes, Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, y por el Presidente de la CNC, Luis Berenguer. En representación de las autoridades comunitarias, han intervenido Damien Neven, Economista Jefe de Competencia de la Comisión Europea, y Nadia Calviño, Directora General Adjunta en la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Por parte de la CNC intervinieron, además de su Presidente, Inmaculada Gutiérrez, miembro del Consejo de la CNC, y Clara Guzmán, Directora de Investigación. Además, se contó con la participación de la magistrada de la Audiencia Nacional, Mercedes Pedraz.

En palabras de Solbes, la nueva Ley supuso la modernización del sistema español de defensa de la competencia. La competencia efectiva contribuye a aumentar la competitividad de las empresas, estimula la variedad de los productos ofrecidos, la innovación y la competencia en precios y, en definitiva, mejora el bienestar de los consumidores e impulsa el crecimiento.

Con la aprobación del Estatuto de la Comisión Nacional de Competencia, se refuerza su independencia y autonomía, se racionalizan las funciones de investigación, al fomentarse una estructura especializada en los diferentes sectores económicos, y se potencian las labores de promoción de la competencia favoreciendo la calidad de sus actuaciones.

No cabe duda de que la independencia de la Comisión es un elemento determinante para el éxito de la defensa de la competencia. En sintonía con lo que ocurre internacionalmente, la independencia y los medios con los que cuenta la Autoridad de Competencia ayudan a reforzar la credibilidad de sus acciones ante los agentes económicos que actúan en los mercados y por ello promueve la eficiencia de estos. Pero la capacidad de influencia de los órganos regulatorios independientes no depende solo de sus atribuciones legales, sino que es fundamental que adquieran una “legitimidad de ejercicio” que va unida a la reputación de la institución y su capacidad para ganarse el respeto del mundo económico y del conjunto de la sociedad.

La importancia de la política de defensa de la competencia en tiempos de crisis, como los que ahora vivimos, es fundamental. La defensa de la competencia es siempre necesaria para el buen funcionamiento de una economía de mercado, pero en momentos de dificultad económica pueden aumentar las presiones para relajar la aplicación de esta política. Por eso, es importante que la crisis no sirva de excusa para un incumplimiento injustificado de las normas de competencia.

En mi opinión, hay un principio que debe guiar todas nuestras actuaciones en el ámbito de la política económica y es que las medidas que ahora se adopten para enfrentar las crisis a corto plazo no deben, en ningún caso, suponer un obstáculo para la recuperación económica futura y el crecimiento a largo plazo. Y este argumento es también aplicable a la defensa de la competencia, tanto en España, como a nivel internacional. En este sentido, los mecanismos de apoyo a distintos sectores económicos - en particular el financiero- que se están aprobando en muchos países no deben suponer ayudas de estado que generen distorsiones a la competencia.

En este contexto, el papel de la Comisión Nacional de la Competencia es fundamental. Es esencial mantener la lucha contra conductas anticompetitivas y realizar un seguimiento de las operaciones de concentración para garantizar que los nuevos agentes resultantes no limiten la competencia generando ineficiencias que supongan una carga a largo plazo para la sociedad.

Ahora bien, la eficacia de la política de defensa de la competencia depende también de la labor de la institución para promover buenas prácticas regulatorias. Mediante el ejercicio de esta función, se identifican aquellos aspectos del funcionamiento de los mercados susceptibles de mejora y también se fomenta una cultura de competencia en la sociedad.

Es fundamental realizar una revisión constante de la regulación, sopesando la magnitud de los problemas que pretende resolver con los propios los fallos de ésta. En este campo, la visión que aportan las autoridades de competencia resulta esencial para garantizar una regulación socialmente óptima, tanto para las administraciones públicas, como para los operadores económicos y la sociedad en su conjunto. Esta es la mejor forma de garantizar que políticas distintas, regulación y competencia, con un objetivo común, se complementan y refuerzan actuando en el mismo sentido. A mi juicio, esta potestad de la Comisión es esencial, a pesar de que su ejercicio pueda, en alguna ocasión, resultar incómodo para el Gobierno.

El trabajo de la Comisión en materia de informes y estudios que promuevan la mejora regulatoria en diferentes sectores específicos, así como el reciente informe sobre “Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia” se convierte en un referente que, sin duda, tendremos muy en cuenta.

La mejora regulatoria orientada a favorecer la competitividad, la productividad, la innovación y el empleo cualificado -todos ellos puntos débiles tradicionales de la economía española- es un objetivo compartido con la Comisión. De esta manera, impulsar los principios de buena regulación, la simplificación y la reducción de cargas, extendiéndolas al conjunto de la economía es también un compromiso adoptado por el Gobierno.

Conscientes de la importancia de la mejora de la regulación y de su impacto económico, estamos poniendo en marcha varias iniciativas complementarias:

• La más significativa y conocida es la reforma en profundidad del sector servicios, adoptando un enfoque ambicioso en el proceso de transposición de la Directiva de Servicios. Desde el punto de vista de la competencia, permitirá eliminar las barreras de entrada y de salida, tanto legales como administrativas, a los mercados de servicios.
  
• Supone una “revolución en la cultura regulatoria” que se concreta en la consolidación de la regla general del principio de libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, imponiendo el triple filtro de “necesidad”, “proporcionalidad” y “no discriminación” a cualquier traba u obstáculo administrativo al ejercicio de una actividad económica. El resultado será una mayor transparencia de los mercados, mayores oportunidades para los operadores y mejora de las condiciones de competencia para los prestadores de servicios.
  
• El plan de acción para la reducción de cargas administrativas y la mejora de la regulación, aprobado en el Consejo de Ministros en junio de 2008, que pretende reducir en un 30 por 100 antes de 2012 las cargas derivadas de la normativa vigente y evitar nuevas cargas en la normativa que se apruebe a partir del 1 de enero de 2009. El plan identifica seis áreas prioritarias: derecho de sociedades, legislación fiscal, estadísticas, contratación pública, medio ambiente y entorno laboral-relaciones laborales, y ha dado lugar ya a varios acuerdos de reducción de cargas, que afectan ya a 80 medidas.
  
• Por último, el impulso a la modernización de los Colegios Profesionales a través de la elaboración de una Ley de Servicios Profesionales que fortalezca el principio de libre acceso a profesiones, favorezca su ejercicio conjunto, suprima restricciones injustificadas a la competencia, refuerce la protección de los usuarios y consumidores e impulse la modernización de los Colegios Profesionales.