Podemos definir los estabilizadores automáticos como aquellos instrumentos fiscales que, por el mero hecho de existir, y sin verse influidos por decisiones del Gobierno, actúan de una forma anticíclica. Existen diferentes formas o caminos para que el sector público ejerza de manera automática acciones estabilizadoras:

A través de los impuestos

Dada la relación que existe entre impuestos y renta, a medida que crece el nivel de actividad se detrae una mayor proporción de la renta en forma de impuestos.

No todos los impuestos ejercen su impacto con la misma intensidad. Los impuestos sobre la renta, al ser más progresivos, producen un efecto más pronunciado que el de los impuestos indirectos. En una época de auge económico, con rápido crecimiento de la demanda y de la renta, crecería la recaudación por el impuesto sobre la renta (y lo haría más que proporcionalmente, dada su progresividad), con lo que se retirarían recursos del sistema, compensando el exceso de demanda privada. En una época de recesión, el comportamiento sería el contrario.

El alcance del estabilizador automático depende del nivel de renta en el que comienza la recaudación de los impuestos y del nivel de progresividad del sistema impositivo. En la medida en que crece el nivel de exención, se reduce el impacto estabilizador del sistema.

Mediante pagos de transferencias que fluctúan

Son los pagos para compensar el paro, las pensiones, los subsidios o los precios agrícolas de sostenimiento, entre otros. Si a través de una expansión de los niveles de actividad cae el volumen de paro, disminuyen las transferencias del Estado destinadas a subsidiar el desempleo, estableciéndose una acción compensadora. La acción estabilizadora de los subsidios por desempleo y de los demás sistemas de precios de garantía es automática, derivada de su propia existencia. El efecto final depende de la importancia de las transferencias y de los sectores a los que se aplica la política de transferencias.

Sin embargo, sus inconvenientes son lo suficientemente importantes como para demandar el empleo de acciones y medidas de tipo discrecional, debido a los efectos negativos provocados por los desfases de estos estabilizadores y carecer de la intensidad necesaria.

Se impone entonces el empleo de medidas discrecionales en el campo de la política fiscal por razones de operatividad y racionalidad económica. Este tipo de actuación puede concretarse en cambios en la estructura de los impuestos o en cambios en el volumen de gasto público, o bien en variaciones del nivel impositivo o de la propia estructura de los gastos públicos.

La introducción de cambios en la estructura de los impuestos afecta a la distribución entre el gasto para consumo y los resultados asignados a la inversión. Exenciones fiscales hasta determinados niveles de renta, que vendrían compensadas por mayores ingresos impositivos en tramos más elevados, a través un sistema más progresivo, constituyen otra manera de liberar recursos que vendrían preferentemente asignados al consumo.

Hay que hacer notar que las modificaciones en la estructura del sistema impositivo no poseen la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades cambiantes de la coyuntura y existen ciertas limitaciones a este tipo de actuación.

Tampoco se puede olvidar un aspecto similar del gasto público, al que podríamos llamar igualmente “efecto estructura”: no sólo el volumen, sino también la composición de estos gastos, influye sobre los distintos objetivos macroeconómicos.

Respecto a la posibilidad de variar el volumen de los gastos públicos con el fin de influir en el nivel de la demanda agregada, hay que destacar que el gasto público constituye una variable estratégica, sobre todo si se considera la importancia del efecto multiplicador a que da lugar.

De acuerdo con este efecto, ΔY = αΔG, siendo α el multiplicador del gasto público. Un incremento de los gastos del sector público produce un efecto expansivo sobre la renta a superior, al ser el multiplicador positivo.

Otras medidas que pueden considerarse son las variaciones del nivel impositivo y su influencia en la renta disponible. En una situación inflacionista, un aumento de los impuestos permaneciendo el gasto constante, o una reducción del gasto sin variación en los ingresos impositivos, darían lugar a un superávit presupuestario y a un incremento del ahorro público que compensaría la insuficiencia del ahorro privado.

Lo contrario ocurriría en una situación depresiva en la que, a través de un déficit presupuestario, tendría lugar un aumento de la demanda agregada y de la renta, a través de un efecto multiplicador, según el cual ΔY = α_TΔT. Un aumento de la presión fiscal producirá un impacto recesivo sobre la renta, al ser negativo el multiplicador de los impuestos y hay que reducir los impuestos para estimular el nivel de renta o producción.